Protocolo de prevención frente a abusos sexuales a menores y personas vulnerables

La Iglesia de Mondoñedo-Ferrol, espacio seguro del menor y la persona vulnerable

Con su publicación, la diócesis avanza en la prevención, detección, denuncia y actuación ante este tipo de maltrato en su territorio

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha hecho público el protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y personas vulnerables. Se trata de un documento interno que regirá en todas las parroquias de la diócesis y que se seguirá en las diferentes actividades pastorales que se realizan con menores. Se continúa así con el impulso dado a lo largo de este curso en aras de la prevención y actuación ante posibles abusos a menores. El objetivo es crear espacios seguros y luchar contra todo abuso que se puede cometer en el seno de la Iglesia.

Para ello, a lo largo de estos últimos meses se ha fortalecido el equipo de la Comisión PROTEGE creada en su momento. Junto a la directora, una abogada, un periodista, un psicólogo y un sacerdote conforman un equipo que buscará prevenir, actuar adecuadamente y curar las posibles heridas producidas.

Fruto de este trabajo en equipo es la redacción de este protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y personas vulnerables. Se adecúa así al trabajo realizado en otras diócesis españolas, actualizando los protocolos publicados hasta el momento a la nueva normativa canónica y civil.

En dicho protocolo se marcan de una manera «sencilla y clara» las directrices a seguir en la Iglesia mindoniense para «la prevención, detección, denuncia y actuación ante este tipo específico de maltrato infantil». Unas indicaciones dirigidas especialmente a los sacerdotes pero también a todas aquellas personas que realizan una labor pastoral directa con niños y adolescentes, como catequistas, formadores, profesores o monitores de campamentos, entre otros.

El documento está dividido en siete apartados donde se describen las finalidades del protocolo, se definen los términos en cuestión y se establecen los diferentes elementos a tener en cuenta para la prevención, la actuación, las buenas prácticas y la regulación canónica.

En ese sentido, se señala que la política de prevención comienza con la «selección de personal». Para ello, además de las oportunas entrevistas previas y el cumplimiento de la normativa civil al respecto, como la presentación del certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales, los sacerdotes, personal contratado y voluntarios firmarán un documento expreso donde señalan su repulsa a todo abuso contra menores y que si cometen cualquier acto de este tipo «lo hacen engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realiza». La firma también conlleva participar en cursos de prevención y denuncia de estas prácticas.

El protocolo también enumera una serie de prácticas preventivas para evitar abusos. El documento señala también el protocolo de actuación en caso de revelarse un caso de abuso a menores, en los que la denuncia es la única vía de opción, aún sin tener «la certeza» de que el menor esté siendo víctima de violaciones. «La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados», subraya la norma.

Por lo que refiere al ámbito eclesial, el protocolo pide llevar a la práctica las medidas propuestas por la Santa Sede y la propia normativa de la Conferencia Episcopal Española: proteger la libertad de los testigos y garantizar la buena marcha del proceso, imponer medidas temporales de carácter cautelar para prohibir al clérigo acusado el ejercicio del ministerio sagrado o del propio oficio, imponer o prohibir la residencia en determinados lugares, o incluso prohibirle la participación pública en la eucaristía.